Tiene las competencias de asegurar la coordinación y representación global de las universidades asociadas, sin prejuicio de autonomía de cada una de ellas; colaborar en la formulación de las políticas nacionales de educación, ciencia y cultura; pronunciarse sobre los objetivos legislativos que se dirigen directamente a temas de la enseñanza superior pública, así como en cuestiones organizativas de la educación superior, y la creación, integración, modificación o extinción de establecimientos de educación superior.