En los últimos días hemos asistido a un constante desfile de movilizaciones, paralizaciones y manifestaciones en el escenario nacional. Grupos de huelguistas de distintos gremios han alterado el orden público, paralizado el tránsito, bloqueado las carreteras e impedida la libre actividad de muchas personas ajenas a las demandas. Según los involucrados se trata de medidas de fuerza para que el gobierno escuche sus justas reivindicaciones. Lamentablemente, al margen del hecho de que las razones que esgrimen sean justificadas o no, se han producido muertos y heridos que, en muchos casos, no tienen nada que ver con los derechos reclamados por los dirigentes. Los que más han sufrido han sido los ciudadanos comunes y corrientes, los hombres y mujeres de la población cuyos derechos y libertades han sido afectados. Ante los graves sucesos que han ocasionado inmensas pérdidas económicas y, sobre todo, generado una imagen de inseguridad e inestabilidad, las autoridades se han visto obligadas a imponer el orden con el despliegue de la policía y el ejército.

Evidentemente, se trata de poner coto a la prepotencia, al autoritarismo y a la violencia de quienes pretenden que la ley de la selva se imponga en la sociedad. La lógica de la supervivencia del más fuerte y el principio de la confrontación o lucha para el logro de un determinado beneficio no constituyen criterios aplicables a la sociedad. Destierra el diálogo, el consenso y la concertación que son expresión de la civilización e impone la ley de la selva, la salvaje agresión a quienes también son trabajadores que tienen que llevar un pan a casa.

La universidad es por definición un espacio para la convivencia civilizada. La razón de ser de una institución de educación superior es el conocimiento y el respeto irrestricto al ser humano, a la vida. Pese a lo señalado, nuestra casa de estudio no es ajena al problema antes descrito: algunos han confundido el derecho que tiene todo trabajador de recibir una justa remuneración con la prepotencia y el abuso para impedir el libre tránsito, afectar el ejercicio de las responsabilidades laborales y la tranquilidad de los demás. Evidentemente, al pretender imponer a la fuerza adhesiones o paralizaciones a quienes libremente desean continuar con sus funciones y ocupaciones están pasando del justo ejercicio de sus derechos a la errada acción de impedir los otros derechos de sus conciudadanos. Toda persona con la misma fuerza con que exige un derecho tiene el deber de respetar el de los demás. Nadie puede anular los derechos de otras personas, todos estamos obligados a respetar el derecho de cualquier persona. Este es el fundamento de la convivencia democrática y civilizada que la universidad, como espacio emblemático, debe ser la primera en respetar y defender.

Las autoridades y los órganos de gobierno de la Decana de América tenemos el deber de respetar la ley y la obligación de hacer que se cumpla. Esta es la única vía para construir, mantener y desarrollar una cultura de diálogo y la tolerancia en la Universidad más antigua del país. Sin embargo, como en el caso del escenario nacional, esto no significa que no tengamos la fortaleza ética y política para imponer medidas para impedir que, por la acción u omisión de algunos pocos, la ley de la selva se quiera imponer en la Universidad Mayor del Perú.

Dr. Luis Izquierdo Vásquez
Rector – UNMSM