En el Perú, la educación está en crisis. Nadie puede negar la verdad de esta afirmación. La gravedad del problema no es de ahora sino que viene de décadas pasadas. Es el resultado de un largo proceso de deterioro cuya responsabilidad no recae solamente en los gobiernos y las autoridades de los últimos treinta años. El fracaso de la educación peruana interpela a toda la sociedad nacional por haber permitido la debacle. Nadie puede excluirse de la parte que le corresponde en esta sorda y paulatina catástrofe que pone en serio peligro el futuro de nuestra nación. No hay desarrollo ni progreso sin un sistema educativo de calidad. La historia de los países que se han convertido en potencias mundiales y la de aquellos que permanecen en el atraso o incluso se han disgregado nos ofrece esa lección incontrastable.

La parte más aguda y visible de esta crítica situación se pone en evidencia en la realidad de la universidad peruana. El Perú es uno de los países que tiene más número de universidades en la región, pero también el que posee la legislación más antigua y obsoleta. La Ley Universitaria vigente es de 1983. Asimismo, a pesar del número tenemos los peores resultados con relación a la calidad de la formación académica que se imparte. Ser un egresado o titulado de una universidad peruana ha perdido el prestigio que antes significaba. Solo algunas especialidades de pocas universidades son las que disfrutan de un reconocimiento internacional.

Lamentablemente, no existe una clara conciencia sobre la gravedad del tema. Existe sí mucha demagogia y afán de figuración, ansias de aparecer como el salvador, para obtener réditos políticos. Así, paradójicamente en los últimos años han habido varias propuestas de Ley Universitaria provenientes de iniciativas de diferentes parlamentarios de distintas bancadas. Asimismo, propuestas de conocidos representantes de organizaciones gremiales o asociaciones civiles. El rasgo dominante ha sido, más allá de la buena intención de los involucrados, la modificación de algunos aspectos de la norma vigente, la adecuación de ciertos puntos y el abandono de algunos importantes, como el de la homologación de los sueldos de los docentes universitarios. No puede proponerse nueva ley sin defender las remuneraciones de los profesores universitarios. En casi todos los proyectos el espíritu de la vieja ley se mantiene incólume. Es decir, se repite el mal histórico de nuestra nación: la improvisación que suplanta el trabajo planificado, la iniciativa individual apresurada que reemplaza la reflexión colectiva meditada, la imposición sectaria y dogmática que elimina la concertación y el consenso.

En 1983 existían treinta y cinco universidades (25 públicas y 10 privadas), casi no habían institutos de educación superior, ni escuelas superiores ni diferencias de régimen entre las particulares. Hoy el panorama es mucho más complejo: tenemos 86 universidades, la mayoría privadas, que además tienen diferente estatus en función del lucro; asimismo, son miles los institutos, al punto que las propias instancias de gobierno no saben exactamente cuántos aparecen cada semana; también, las escuelas y tecnológicos han proliferado sin control alguno. El Ministerio de Educación no tiene en su estructura instancias para supervisar, controlar y planificar la Educación Superior en el Perú. La Asamblea Nacional de Rectores, como asociación significativa e importante para canalizar iniciativas, parece destinada a administrar lo existente más que a modificar la educación universitaria en un contexto nacional e internacional que ha cambiado muchísimo.

Ante esta evidencia, la Universidad Decana de América piensa poner en debate, en el corto plazo, un Proyecto de Ley de la Educación Superior. Creemos que su discusión dentro de la comunidad universitaria nacional debe dotar de consenso a la propuesta con la intención de que, en medio de tanto desconcierto, se escuche la palabra de las universidades públicas y, dentro de ellas, la de la Universidad Mayor más antigua de América.

Dr. Luis Izquierdo Vásquez
Rector – UNMSM