Un Proyecto de Ley que regula la Gratuidad de la Educación Universitaria Estatal, presentado por la Dra. Martha Hildebrandt, puso en la escena política nacional el tema de la formación superior. Casi todos los medios de comunicación dieron cobertura de noticia de actualidad a la iniciativa y los representantes de diversos grupos políticos, gremios e instituciones se apresuraron en emitir juicios al respecto. La mayor parte apresuradamente se subió al carro de la notoriedad para, con la excusa de la eliminación de la gratuidad, apoyar la iniciativa y obtener figuración gracias a una anuencia irreflexiva. Incluso unos pocos aprovecharon para proponer la desaparición de otros derechos como el medio pasaje universitario.

Ante tremenda expresión de preocupación por la educación superior conviene preguntarnos: ¿dónde estaban cuando las universidades públicas de prestigio marcharon exigiendo más rentas? ¿Qué dijeron cuando se debatía la homologación de los docentes de la universidad nacional? ¿Cuál ha sido su propuesta para relacionar la formación académica superior con las necesidades del desarrollo del país? ¿Cómo han sugerido retribuir a las respectivas universidades públicas que les han dado la oportunidad de disfrutar del estatus profesional que hacen gala? La respuesta cae por su peso: simplemente callaron en todos los idiomas o se escondieron en un oprobioso silencio. El sensacionalismo de su improvisado interés por la universidad pública sólo sirve para ocultar décadas de abandono y reducción de presupuestos.

Por el contrario, quienes hemos asumido la responsabilidad de impulsar el desarrollo de la universidad pública venimos trabajando sobre múltiples aspectos del problema y, en especial, sobre el tema de la gratuidad de la educación superior. Lo hemos hecho en el marco de las leyes y normas vigentes, a pesar de que nos han querido involucrar con posturas violentistas y antidemocráticas. En tal sentido, somos coherentes y consecuentes con lo que declaramos: nuestro compromiso es con una formación académica de calidad en la universidad pública, expresión de una comunidad universitaria que en el marco de la autonomía y la libertad de cátedra respeta las leyes para promover la investigación o generación de conocimientos que la nación en su conjunto necesita.

La Constitución Política del Perú de 1993, Carta Magna aún vigente e instrumento capital de la democracia nacional, dice a la letra: “En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.” Si se pretende reemplazar la obligación jurídica y ética que tiene todo gobierno de dotar a las universidades públicas de los recursos económicos necesarios, por una iniciativa de cobro parcial por derechos de enseñanza a un sector de los estudiantes universitarios, lo primero que se debe proponer es una reforma constitucional y, dentro de ella, abrir el debate sobre la educación superior. Cualquier otra respuesta será simplemente improvisación y miopía.

Dr. Luis Izquierdo Vásquez
Rector – UNMSM

Dr. Víctor Peña Rodríguez                                                                    Dra. Aurora Marrou Roldán
Vicerrector Académico                                                                      Vicerrectora de Investigación