LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

 

LEY N° 25035

 

ÍNDICE GENERAL

 

ÍNDICE

 

TULO I :

DEFINICIONES

PRINCIPIOS GENERALES

 

TÍTULO II :

CAPÍTULO I                   : LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD

CAPITULO II                  : LA ELIMINACION DE EXIGENCIA Y  FORMALIDADES COSTOSAS

CAPITULO III               : LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS PROCESOS  DECISORIOS

CAPITULO IV              : LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN EL CONTROL DE   LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

 

TITULO III

LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP) EN LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

 

 


LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

 

LEY N° 25035

 

 

Índice General                                                                                                     Índice

 

TÍTULO I

 

DEFINICIONES

 

Artículo 1.- Para los efectos de la presente Ley, la Administración Pública comprende los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, las reparticiones de éste último, las instituciones, entidades u órganos a los que la Constitución Política del Perú confiere autonomía, las instituciones públicas descentralizadas, las empresas de derecho público, los gobiernos regionales cuando se constituyan, los gobiernos locales, los organismos descentralizados autónomos y, en general, las entidades del Estado de derecho público y en cuanto ejerzan funciones administrativas.

Cuando la presente Ley anula individualmente a uno o más de los componentes de la Administración Pública que se consignan en el párrafo precedente, lo hará utilizando la expresión "entidad" o "entidades".

 

 

PRINCIPIOS GENERALES

 

Artículo 2.- Las funciones que desarrolla la Administración Pública están sujetas a los siguientes principios generales:

1.       La presunción de veracidad, que rige en las relaciones de aquélla con sus funcionarios y servidores y con el público, y que consiste en suponer que las personas dicen la verdad. Esta presunción admite prueba en contrario.

2.       La eliminación de las exigencias y formalidades cuando los costos económicos que ellas impongan sobre la sociedad, excedan los beneficios que le reportan.

3.       La desconcentración de los procesos decisorios a través de una clara distinción entre los niveles de dirección y de los de ejecución.

4.       La participación de los ciudadanos en el control de la prestación de los servicios por parte de la Administración Pública, y en la prestación misma de los servicios.

 

Índice General                                                                                                        Índice

 

TÍTULO II

 

CAPITULO I

 

LA PRESUNCION DE VERACIDAD

 

Artículo 3.- En aplicación del principio de la presunción de veracidad, la Administración Pública no exige la presentación de los documentos que se enumeran a continuación, aceptando en sustitución de los mismos las declaraciones hechas por el interesado o un representante suyo con poder suficiente:

- Certificado de buena conducta o de antecedentes policiales.

- Certificado de antecedentes penales,

- Certificado de salud,

- Certificado de domicilio,

- Certificado de supervivencia,

- Certificado de orfandad; y,

- Certificado de viudez.

La relación precedente será completada con arreglo a lo que establezca el Reglamento.

 

Artículo 4.- A efecto de lo dispuesto en el presente capítulo la Administración Pública sustituye la fiscalización previa por la fiscalización posterior. La forma en que ésta se lleva a cabo, así como las acciones y sanciones a que dé lugar, serán establecidas por el Reglamento.

 

Artículo 5.- Cuando la presentación de un documento original no comprendido en el artículo 3 de la presente Ley, haya sido dispuesta por norma expresa, tal requerimiento puede ser satisfecho mediante copias autenticadas o certificadas por un notario público o por los fedatarios que para tales efectos se designen en las entidades de la Administración Pública. Estos últimos cotejarán el documento original con la copia que presente el interesado acreditando que ella es copia fiel del original.

 

Artículo 6.- Verificada la ocurrencia de fraude o falsedad en la prueba documental o en la declaración del interesado, la exigencia respectiva será considerada como no satisfecha y sin efecto alguno, debiendo la Administración Pública poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente, dentro de un plazo que no excederá de 5 días calendario, para la instauración del correspondiente proceso penal así como para la adopción de las medidas que conforme a Ley conduzcan a declarar la nulidad del acto o proceso administrativo de que se trate, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias a que haya lugar.

 

Artículo 7.- Modifíquense los artículos 334, 364 y 365 del Código Penal, en los siguientes términos:

 

"Artículo 334.- El testigo, perito, traductor o intérprete que en un procedimiento de justicia hiciera una falsa deposición sobre los hechos de la causa, o emitiere un dictamen falso, una traducción o una interpretación falsa será reprimido con penitenciaría no mayor de tres años o prisión no menor de tres meses.

La pena será prisión no mayor de seis meses, si la falsa declaración se refiere a hechos que no pueden ejercer ninguna influencia en la decisión del juez.

La pena será penitenciaría no mayor de diez años o prisión no menor de seis meses si el testigo en su deposición ha acusado al inculpado de haber cometido un delito del que él sabía que era inocente.

En todos los casos se impondrá al reo además inhabilitación de los derechos comprendidos en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 27, por otro tanto de la condena.

El juez podrá disminuir la pena hasta límites inferiores del mínimo legal, o eximir de pena, si el delincuente hubiere rectificado espontáneamente su falsa declaración antes de ocasionar perjuicio a los derechos del otro.

El que siendo parte de un procedimiento, hiciera una falsa declaración en relación a hechos y circunstancias que le corresponda probar, violando la presunción de veracidad consagrada por ley, sufrirá penitenciaría no mayor de diez años o prisión no menor de dos años".

"Artículo 364.- El que hiciera en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso pudiera resultar algún perjuicio, con penitenciaría no mayor de diez años o con prisión no menor de diez meses y multa de la renta de tres a noventa días si se tratare de un documento público, registro público, título auténtico, cualquier clase de testamento, valor de emisión, letra de cambio o cualquier título de crédito transmisible por endoso o al portador; y con penitenciaría no mayor de cinco años o prisión no mayor de dos años y multa de la renta de tres a treinta días si se tratare de un documento privado.

Si el documento se hace o se adultera para ser presentado en un procedimiento administrativo o judicial, la pena será de penitenciaría no mayor de diez años o prisión no menor de un año, sin que sea necesario, en este caso, que del uso del documento pudiera resultar algún perjuicio.

En las mismas penas incurrirá, en su caso, el que intencionalmente hiciere uso de un documento falso o falsificado, como si fuere legítimo, si de su uso pudiera resultar algún perjuicio, salvo el caso previsto en el párrafo anterior, en que será punible la sola utilización del documento.

En los casos de poca gravedad, el juez podrá pronunciar la prisión o la multa".

"Artículo 365.- El que insertare o hiciera insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso pudiera resultar algún perjuicio, con penitenciaría no mayor de diez años o con prisión no menor de seis meses y multa de la renta de tres o noventa días.

La misma pena se impondrá al que intencionalmente hiciere uso del documento, como si su contenido fuera exacto, si de su uso pudiera resultar algún perjuicio.

En las penas incurrirá el que en el curso de algún procedimiento administrativo o judicial formule una declaración falsa, violando la presunción de veracidad consagrada por ley, sin que sea necesario, en este caso, que de tal declaración pudiera resultar algún perjuicio".

 

Índice General                                                                                                        Índice

 

CAPITULO II

 

LA ELIMINACION DE EXIGENCIA Y FORMALIDADES COSTOSAS

 

Artículo 8.- En aplicación del principio de la eliminación de las exigencias y formalidades costosas a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, queda eliminada la presentación de documentos que contengan información de la propia entidad que los solicita posea o deba poseer, el pago de derechos que excedan el costo de producción en la expedición de pasaportes y otros documentos de identidad.

El Reglamento dispondrá la eliminación de otras exigencias y formalidades costosas, excepto las que estén establecidas por Ley.

 

Índice General                                                                                                        Índice

 

CAPITULO III

 

LA DESCONCENTRACION DE LOS PROCESOS DECISORIOS

 

Artículo 9.- En aplicación del principio de la desconcentración de los procesos decisorios, en las entidades de la Administración Pública, los órganos de dirección están liberados de todo tipo de rutinas de ejecución y de tareas de mera formalización de actos administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión coordinación y fiscalización.

 

Índice General                                                                                                        Índice

 

CAPITULO IV

LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN EL CONTROL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

 

Artículo 10.- Los ciudadanos en forma individual o asociada, podrán remitir sus quejas o sugerencias en relación a las deficiencias o modificaciones de procedimientos o costumbres administrativas, así como sobre el adecuado ejercicio del principio de veracidad.

El Reglamento establecerá los mecanismos necesarios para la participación de los ciudadanos en la simplificación administrativa, incluyendo la transferencia a la colectividad en la prestación de algunos servicios.

 

 

Índice General                                                                                                        Índice

 

TITULO III

 

LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP) EN LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

 

 

Artículo 11.- El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ejerce, en materia de simplificación administrativa, las funciones siguientes:

1.       Diseñar planes y programas de simplificación y racionalización administrativa.

2.       Promover y difundir la participación ciudadana en el diseño y control de las actividades encaminadas a simplificar y racionalizar la Administración Pública.

3.       Promover y realizar conjuntamente con organismos del sector público e instituciones del sector privado investigaciones y estudios para la racionalización del sistema de simplificación administrativa.

4.       Proponer y dictar pautas y directivas de cumplimiento obligatorio para la coordinación y establecimiento de medidas conducentes a simplificar y racionalizar las actividades de la Administración Pública.

5.       Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y pautas establecidas para la simplificación y racionalización de la Administración Pública.

6.       Tener a su cargo la capacitación de funcionarios y servidores de la Administración Pública en materia de simplificación y racionalización administrativa a través de la Escuela Superior de la Administración Pública (ESAP).

7.       Recomendar a los organismos e instituciones del sector público la reubicación de los funcionarios y servidores de la Administración pública que se produjese como consecuencia de la simplificación administrativa; y,

8.       Las que le asigna la presente Ley y su Reglamento y las que, en el ámbito de su competencia, le señale el Presidente de la República.

 

Artículo 12.- El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) depende directamente del Presidente de la República. Los actos presidenciales que proyecte y/o sean aprobados son refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros. El jefe del INAP asiste con voz a las mismas sesiones del Consejo de Ministros, en los asuntos de su competencia.

 

Artículo 13.- El INAP tendrá un consejo consultivo en materia de simplificación administrativa. Su composición y organización son definidas en el Reglamento de la presente Ley. Sus funciones son las siguientes:

1.       Emitir opinión de todos los asuntos que le sean solicitados por el Jefe del INAP.

2.       Informar al Jefe del INAP sobre los encargos que puedan haber sido encomendados a uno o varios de sus miembros.

3.       Elaborar los anteproyectos de leyes, decretos legislativos, decretos supremos o resoluciones que le sean encomendadas.

4.       Proponer al Jefe del INAP las normas legislativas o reglamentarias que juzgue convenientes.

5.       Aprobar y modificar su reglamento interno.

 

Artículo 14.- El INAP, en coordinación con las entidades y organismos del sector público, concluirá y mantendrá actualizado el Inventario General de Procedimientos y Trámites Administrativos en la forma y plazo que establezca el Reglamento de la presente Ley.

 

Artículo 15.- El INAP imparte directivas e instrucciones específicas destinadas a reducir porcentualmente, en un programa de tres años, la carga de los trámites y procedimientos administrativos que representen, por su costo y su frecuencia, las consecuencias más significativas para los interesados.(*)

(*) Caducó

 

Artículo 16.- El Jefe del INAP presenta informes anuales y cuando el Presidente de la República lo solicite sobre los avances y logros en materia de simplificación administrativa, consignando en ellos el nivel de cumplimiento de las reducciones porcentuales a que se refiere el artículo anterior e identificando tanto a las entidades infractoras cuanto las razones que motivaron los incumplimientos.

 

Artículo 17.- El INAP fija las pautas a las que debe someterse la Administración Pública para que los formularios utilizados por ésta última, existentes o por crearse, sean expresamente aprobados por resolución emitida por el Jefe de dicho Instituto. Las aprobaciones a que se alude son temporales, no pudiendo su validez exceder de dos años sin perjuicio de que ellas puedan ser dejadas sin efecto por el INAP, con la fundamentación técnica del caso.(*)

(*) Artículo derogado tácitamente por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 717, publicado el 10.11.91 en el Diario Oficial "El Peruano".

 

 

Índice General                                                                                                        Índice

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

 

PRIMERA.- Facúltese al Poder Ejecutivo para que en un plazo no mayor de noventa (90) días naturales contados a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley, modifique y complemente, mediante decreto legislativo, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

 

SEGUNDA.- El INAP, en coordinación con la Contraloría General estudiará y propondrá las normas necesarias para adecuar las disposiciones sobre el Sistema Nacional de Control a los objetivos de simplificación y racionalización de la presente Ley.(*)

 

TERCERA.- El INAP, dentro de un plazo de sesenta (60) días naturales, preparará y presentará al Presidente de la República el proyecto de Reglamento de la presente Ley, el mismo que será puesto en vigencia por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

 

CUARTA.- El valor de las especies valoradas creadas por ley podrá ser modificado por decreto supremo, previo informe del INAP.

Con aprobación del Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso.

 

QUINTA.- Deróganse los dispositivos que se opongan a lo prescrito en la presente Ley.

 

SEXTA.- La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano".

 

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los treinta días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y nueve.

 

Subir

 

Comentarios y sugerencias:

capper@unmsm.edu.pe