TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE NORMAS GENERALES

 DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DECRETO SUPREMO N° 002-94-JUS

 

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE

 

TÍTULO PRELIMINAR

 

CAPITULO I           : DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

CAPITULO II         : DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

 

 

TITULO PRIMERO          : DE LOS SUJETOS DEL PROCESO

 

CAPITULO I           : JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

CAPÍTULO II         : ABSTENCIÓN

CAPITULO III        : DE LOS INTERESADOS

CAPITULO IV        : RESPONSABILIDAD

 

 

TITULO SEGUNDO         : ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

 

CAPITULO I           : DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

CAPITULO II         : DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO III        : TÉRMINOS Y PLAZOS

CAPITULO IV        : INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

CAPITULO V         : RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS

 

 

TITULO TERCERO           : DEL PROCEDIMIENTO

 

CAPITULO I           : INICIACIÓN

CAPITULO II         : TRAMITACIÓN

CAPITULO III        : COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

CAPITULO IV        : FIN DEL PROCESO

CAPITULO V         : EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES

 

 

TITULO CUARTO            : RECURSOS Y NULIDAD DE RESOLUCIONES

 

CAPITULO I           : RECURSOS IMPUGNATIVOS

CAPITULO II         : QUEJA

CAPITULO III        : NULIDAD DE RESOLUCIONES

 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 

 

 

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE NORMAS GENERALES

DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

 

DECRETO SUPREMO N° 002-94-JUS

 

 

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TITULO PRELIMINAR

 

 

CAPITULO I (*)

 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

 

 

Artículo I.- En la aplicación de las leyes, toda autoridad del Estado en su respectivo ámbito, deberá cumplir con los principios a que se refiere el presente Título Preliminar, salvo disposición legal expresa en contrario.

 

Artículo II.- Ninguna autoridad del Estado dejará de resolver por deficiencia del ordenamiento jurídico las cuestiones que se les propongan, debiendo acudir a los principios generales de este Título Preliminar.

 

Artículo III.- En todo acto o procedimiento debe observarse el ordenamiento legal vigente. Cuando una norma de Derecho Público condiciona el ejercicio de un derecho a hechos anteriores, sólo se tienen en cuenta los iniciados con posterioridad  a la referida norma.

 

Artículo IV.- Toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de parte.

 

Artículo V.- Toda autoridad del Estado debe cumplir con los plazos señalados por la ley y no podrá exigir requisitos que no estén establecidos en los dispositivos legales vigentes.

 

Artículo VI.- Las resoluciones que pongan fin a un procedimiento no judicial podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial mediante la acción a que se refiere el artículo 486, numeral 6) del Decreto Legislativo No. 768, Código Procesal Civil, sin perjuicio de la acción de garantía constitucional contra la norma legal que ampara la resolución.

 

Artículo VII.- El presente Título Preliminar se aplica por extensión a todo procedimiento fuera del ámbito del Poder Judicial.

 

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(*) Capítulo incorporado mediante  Ley No. 26654, publicada el 16 de agosto de 1996.

 

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CAPITULO II (*)

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

 

 

Artículo 1°.- La presente Ley rige la actuación de orden administrativo de las  entidades de la Administración Pública, siempre que por leyes especiales no se establezca algo distinto. En consecuencia, se aplica a:

 

a)      Los procesos administrativos que se siguen ante las diversas entidades de la Administración Pública que resuelven cuestiones contenciosas entre dos o más particulares, entre éstos y la Administración Pública o entre entidades de esta última;

 

b)      Los actos administrativos inherentes a las funciones propias de la Administración Pública que se inician de oficio, tales como inspecciones, fiscalizaciones y otras acciones de supervisión;

 

c)      Los procedimientos para la enajenación o adquisición de bienes y servicios por o para el Estado y los referidos al otorgamiento de concesiones para obras de infraestructura y de servicios públicos, a que se refiere el numeral 2.2 del inciso c) del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y

 

d)      El derecho de petición consagrado en el numeral 20) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, regulado por la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N°  006-67-SC.

 

Asimismo, se aplica a los procedimientos administrativos a que se refiere el Título IV del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, así como a los procedimientos tributarios, en los aspectos en que no se haya previsto una disposición específica en las normas legales correspondientes.

 

En ningún caso se aplica a los procedimientos internos de la Administración Pública destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios.

 

Para los fines a que se contrae este artículo, la Administración Pública comprende a los ministerios, instituciones y organismos públicos descentralizados, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, los organismos constitucionalmente autónomos y las empresas u otras entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos, incluidas

las universidades públicas y privadas. (**)

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(**) Ver Tercera Disposición Complementaria.

 

 

Artículo 2°.- Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver, por deficiencia de las leyes, las cuestiones que se les propongan; en este caso acudirán a las fuentes supletorias del derecho administrativo.

 

Artículo 3°.- El proceso administrativo puede ser promovido de oficio por el órgano competente o a instancia de parte interesada.

 

Artículo 4°.- Cualquier persona con capacidad jurídica puede presentarse ante la autoridad administrativa para obtener la declaración, reconocimiento o concesión de un derecho, el ejercicio de una facultad, la constancia de un hecho, o formular legítima oposición.

 

Artículo 5°.- Frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo y directo, procede la interposición de una reclamación para que se revoque o modifique el acto impugnado y se suspendan sus efectos.

 

Artículo 6°.- Para que el simple interés pueda justificar la titularidad del reclamante se precisa que sea directo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral.

 

Artículo 7°.- Las personas naturales y jurídicas podrán presentar una petición o interponer un reclamo aduciendo el interés de la sociedad.

 

Artículo 8°.- Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial mediante la acción contenciosa-administrativa a que se refiere el Artículo 148o. de la Constitución Política del Estado. Para tal efecto, se pone fin al procedimiento administrativo:

 

a)       Con la resolución expedida por un órgano que no esté sometido a subordinación jerárquica en la vía administrativa o cuando se produzca el silencio administrativo previsto en el Artículo 87o., salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa; o

 

b)       Con la resolución expedida o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne la resolución de un órgano sometido a subordinación jerárquica; o

 

c)       Con la resolución expedida o el silencio administrativo producido con motivo de interposición de un recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el primer párrafo del Artículo 100o. de la presente ley; o

 

      Con la declaratoria de nulidad de las resoluciones administrativas que hayan quedado consentidas, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 110o. de la presente ley. Articulo modificado por Ley 26810 del 18 de Junio de 1997 quedando vigente el siguiente texto:

 

Artículo 8°.- Las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial mediante la acción contencioso-administrativa a que se refiere el Artículo 23° del Decreto Legislativo N° 767, Ley Orgánica del Poder Judicial. Para el efecto, ponen fin al procedimiento administrativo:

 

a)       La resolución expedida en última instancia administrativa o cuando se diera ésta por expedida conforme a lo dispuesto en los Artículos 99° y 100° de la presente Ley según corresponda; y,

b)       La declaratoria de nulidad de las resoluciones administrativas que hayan quedado consentidas, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 110° de la presente Ley.)0

 

Artículo 9°.- La tramitación de los procedimientos administrativos contemplados en los incisos b) y d) del artículo 1° de la presente Ley es gratuita. Sólo procederá el cobro de los derechos de tramitación de procedimientos administrativos por parte de las entidades de la Administración Pública, cuando esté autorizado por Ley y conste en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad correspondiente, los mismos que serán establecidos conforme a lo prescrito en el Artículo 30° del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. En ningún caso el monto de los derechos de tramitación podrá exceder anualmente de una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1 de enero del mismo ejercicio gravable.

 

Artículo 10°.- Los servidores públicos están obligados a desempeñar sus funciones con la más absoluta imparcialidad, emitir los dictámenes e informes y expedir las resoluciones, ciñéndose a las normas establecidas.

 

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(*) Mediante Primera Disposición Final de la Ley No. 26654, publicada el 16 de agosto de 1996, se dispuso que los artículos 1 al 10 del Título Preliminar pasaran a comprender el Capítulo II de dicho Título, con el nombre de "DE LAS DISPOSICIONES GENERALES"..

 

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TITULO PRIMERO

DE LOS SUJETOS DEL PROCESO

 

 

CAPITULO I

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

 

 

Artículo 11°.- El órgano administrativo se abstendrá de seguir conociendo un proceso y lo remitirá al Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en el Artículo 13° de la Ley Orgánica de ese Poder, cuando se suscite una cuestión litigiosa entre dos particulares sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente antes del pronunciamiento administrativo. La resolución inhibitoria que se dicte será elevada en consulta al superior jerárquico, aun cuando no medie apelación. Si se confirma la resolución inhibitoria, será comunicada al Procurador Público para que, previa resolución ministerial que lo autorice, se apersone ante el Juez, si conviniera a los intereses del Estado.

 

Artículo 12°.- La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos originarios, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación previstos por las disposiciones legales.

 

Artículo 13°.- La incompetencia puede declararse de oficio o a instancia de los interesados. El órgano administrativo que se estima incompetente para la tramitación o resolución de un asunto, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente.

 

Artículo 14°.- En el caso de suscitarse conflicto negativo de atribuciones se elevará el expediente al órgano inmediato superior para que resuelva la competencia. Esta decisión es irrecurrible.

 

Artículo 15°.- El órgano que se considere competente requerirá de inhibición al que está conociendo del asunto, quien, si estuviere de acuerdo, enviará lo actuado al funcionario requeriente para que continúe el trámite. En caso de sostener su competencia el funcionario requerido, remitirá lo actuado al superior inmediato para que la dirima.

 

Artículo 16°.- En todo caso de conflicto de competencia, el órgano a quien se remite el expediente dictará resolución en el plazo de ocho días.

 

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CAPÍTULO II

 

ABSTENCIÓN

 

 

Artículo 17°.- La autoridad o funcionario que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo de la petición o reclamo puedan influir en el sentido de la resolución, deberá abstenerse de resolver o intervenir en los siguientes casos:

 

a)       Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los interesados o con sus representantes o mandatarios.

 

b)       Si ha tenido intervención como abogado, perito o testigo en el mismo proceso.

 

c)       Si la resolución por expedirse le pudiera favorecer directa y personalmente. El superior jerárquico podrá disponer de oficio, o a pedido de los interesados, la abstención del funcionario incurso en alguna de las causales a que se refiere el presente artículo. En este mismo acto designará al funcionario que continuará conociendo del asunto.

 

Artículo 18°.- La no abstención podrá dar lugar a que se declare la nulidad de la resolución, pero sólo en el caso de que se hubieran violado manifiestamente las normas legales, o se hubiera incurrido en error de interpretación de las pruebas. Tanto en este caso como en el de confirmatoria el superior ordenará la apertura del procedimiento  disciplinario contra el funcionario que no se hubiese abstenido de intervenir.

 

Artículo 19°.- El funcionario que se abstenga de resolver o intervenir en un asunto determinado, remitirá el expediente a su superior jerárquico dentro de los tres (3) días siguientes de haberlo recibido para que, sin más trámite, se pronuncie sobre la abstención.

 

Artículo 20°.- Contra la resolución expedida en esta materia no se concederá recurso impugnativo, salvo la posibilidad de alegar la no abstención como fundamento del recurso administrativo contra la resolución final.

 

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CAPITULO III

 

DE LOS INTERESADOS

 

 

Artículo 21°.- Tendrán capacidad procesal ante la Administración Pública las personas que gozan de capacidad conforme a las leyes.

 

Artículo 22°.- Las personas jurídicas podrán intervenir en el proceso a través de sus representantes legales, quienes deberán actuar premunidos de los respectivos poderes.

 

Artículo 23°.- Para la tramitación ordinaria de los procesos administrativos se requiere poder general, el cual se formalizará mediante simple carta poder.

Para el desistimiento de la petición o reclamo, la renuncia de derechos o el cobro de dinero, se requiere poder especial en el que deberá señalarse expresamente el acto o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial se formalizará mediante documento privado con firma legalizada ante notario o funcionario público autorizado para el efecto.

 

Artículo 24°.- Si durante la tramitación de un proceso se advierte la existencia de interesados que no hayan comparecido, se comunicará a dichas personas la tramitación del expediente.

 

Artículo 25°.- Los interesados están facultados para facilitar a las entidades de la Administración Pública los informes y otros documentos vinculados a sus peticiones o reclamos, que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento correspondiente.

 

Artículo 26°.- Nadie estará obligado a comparecer personalmente a una repartición pública, salvo que tal obligación emanase de la ley. En la citación se hará constar el objeto de la comparecencia.

 

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CAPITULO IV

 

RESPONSABILIDAD

 

 

Artículo 27°.- Las personas a quienes los funcionarios o servidores públicos soliciten un donativo, una promesa o cualquier otra ventaja para favorecer, realizar u omitir un trámite, ya sea en cumplimiento o en violación de sus funciones, podrán denunciar tales hechos, indistinta o conjuntamente, al órgano de control interno de la entidad respectiva o al Ministerio Público, de conformidad con los Artículos 11°, 12° y 13° del Decreto Legislativo N° 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar. Los funcionarios o servidores públicos que soliciten o acepten tal donativo, promesa o cualquier otra ventaja serán sancionados disciplinariamente con destitución, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso h) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, previo proceso administrativo.

 

Artículo 28°.- Los funcionarios y servidores públicos que incumplan las disposiciones contenidas en la presente Ley incurrirán en falta disciplinaria que será sancionada conforme a lo dispuesto en el Artículo 26° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Los interesados podrán interponer, indistinta o conjuntamente, la queja a que se refiere el Artículo 105° de la presente Ley, dirigirse al órgano de control interno de la entidad respectiva, o interponer el recurso de queja ante el Fiscal de la Nación previsto en el Artículo 67° del Decreto Legislativo N° 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiera lugar.

 

Artículo 29°.- El contenido de un expediente administrativo es intangible. No podrán introducirse enmendaduras o raspaduras, entrelineados ni añadiduras, de ninguna clase, en los documentos administrativos, una vez que éstos hayan sido firmados por el funcionario competente. De ser necesario, deberá dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones que se hubieran producido.

Tampoco se podrá desglosar ni sustituir página alguna, ni alterar la foliación, salvo autorización por escrito de la autoridad competente. La infracción de esta norma determina la aplicación de las sanciones previstas en los dos artículos anteriores, según su gravedad.

 

Artículo 30°.- Si en la tramitación del proceso un particular se valiera de instrumentos falsos o adulterados, o de cualquier otro medio de engaño para conseguir ventaja para sí o para un tercero o representado, en agravio del Estado, se aplicará en la misma resolución que declare la nulidad, las sanciones administrativas que señalen las leyes, sin perjuicio de ordenarse la interposición de la acción penal que corresponda.

 

Artículo 31°.- La Presidencia del Consejo de Ministros designará al organismo que, en coordinación con las Comisiones de Procesos Administrativos de las entidades de la Administración Pública, organizará y actualizará en forma permanente un registro de las sanciones de destitución que se hayan aplicado a los servidores y funcionarios públicos, con el objeto de impedir su reingreso a la carrera administrativa durante el período de inhabilitación a que se refiere el Artículo 30° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

 

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TITULO SEGUNDO

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

 

 

CAPITULO I

 

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

 

 

Artículo 32°.- El proceso administrativo se regirá por los principios de simplicidad, celeridad y eficacia. Estos principios servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento. Asimismo serán aplicables los principios generales previstos en el Artículo 2° de la Ley N° 25035, Ley de Simplificación Administrativa.

 

Artículo 33°.- Los documentos, formularios y expedientes administrativos, se uniformarán en su presentación para que cada especie o tipo de los mismos reúna iguales características.

 

Artículo 34°.- En todas las oficinas administrativas se informará al público acerca de los fines, competencia y funcionamiento de sus distintos órganos y servicios así como sobre la tramitación de expedientes, diagramas de procedimiento, organigramas, indicación sobre localización de dependencias y horarios de trabajo.

 

Artículo 35°.- Cuando los órganos administrativos deban resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos se podrá emplear formularios impresos y otros métodos que permitan el rápido despacho de los asuntos.

 

Artículo 36°.- No podrá organizarse sino un sólo expediente para la solución de un mismo caso. Cualquier escrito deberá hacer referencia al expediente de la materia.

 

Artículo 37°.- El expediente deberá iniciarse ante el órgano que es competente para resolver el asunto de que se trate. Ese órgano recabará de los otros órganos o de los organismos autónomos a los que competa algún género de intervención en el asunto cuántos informes, autorizaciones y acuerdo sean precisos, sin perjuicio del derecho de los interesados a instar por sí mismos los trámites pertinentes y a aportar los documentos oportunos.

 

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CAPITULO II

 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

 

 

Artículo 38°.- Los actos administrativos se producirán por el órgano competente mediante los procedimientos que estuvieren establecidos. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será adecuado a los fines de aquellos.

 

Artículo 39°.- Todas las resoluciones serán motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

 

Artículo 40°.- Los actos administrativos producirán sus efectos desde el día siguiente de su notificación o publicación, salvo que el propio acto señale una fecha posterior.

 

Artículo 41°.- Los efectos del acto administrativo quedarán suspendidos durante el tiempo que en dicho acto se determine, a partir del día siguiente su notificación o publicación.

 

Artículo 42°.- Los actos administrativos en los que tengan interés una pluralidad de sujetos, serán notificados en el domicilio legal señalado por éstos.

 

Artículo 43°.- Son nulos de pleno derecho los actos administrativos:

 

a)      Dictados por órgano incompetente.

 

b)       Contrarios a la Constitución y a las leyes y los que contengan un imposible jurídico.

 

c)      Dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, y de la forma prescrita por la ley.

 

Artículo 44°.- La nulidad será declarada por la autoridad superior que conozca de la apelación interpuesta por el interesado.

 

Artículo 45°.- La invalidez de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento, siempre que estén vinculados a él.

 

Artículo 46°.- Cuando en cualquier momento del proceso se advierta que los interesados no hubieran cumplido con todos los requisitos necesarios, la Administración podrá, de oficio, notificarlos, para que dentro de un plazo prudencial puedan subsanar las omisiones.

 

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CAPITULO III

 

TÉRMINOS Y PLAZOS

 

 

Artículo 47°.- Los términos y plazos establecidos para la tramitación de los procedimientos administrativos se entienden como máximos, y obligan a las autoridades y los funcionarios competentes, así como a los interesados.

 

Artículo 48°.- La autoridad competente podrá otorgar prórroga de los plazos establecidos para la actuación de las pruebas, cuando así lo soliciten los interesados, o para la evacuación de informes o dictámenes cuando lo pidan los funcionarios. Para ambos casos la prórroga se concederá cuando las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de terceros.

 

Artículo 49°.- Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

 

Artículo 50°.- Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los feriados. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente a aquél en que comienza el cómputo se entenderá

que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. A los términos establecidos en esta Ley se agregará el de la distancia.

 

Artículo 51°.- No podrá exceder de treinta (30) días el plazo que transcurra desde que se inicie un procedimiento administrativo hasta aquél en que se dicte resolución, salvo en los casos en que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento demande una duración mayor.

 

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CAPITULO IV

 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

 

 

Artículo 52°.- Los interesados o sus apoderados en un expediente administrativo tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información de las oficinas correspondientes.

 

Artículo 53°.- Las informaciones que se suministren serán claras y sucintas, y versarán sobre hechos y situaciones o estados de tramitación o comunicación de expedientes. Si la información se hace por escrito, se dejará copia en el expediente.

 

Artículo 54°.- Las informaciones verbales que se emitan por los funcionarios tendrán exclusivamente carácter ilustrativo para quienes las soliciten y no producirán efectos procesales.

 

Artículo 55°.- Los interesados que son parte en el proceso podrán solicitar que se les expida copia literal certificada de actuaciones contenidas en el expediente. Las copias certificadas de resoluciones sólo podrán ser expedidas cuando hayan sido previamente notificadas. También podrán solicitarlas los que sin haber intervenido en el proceso acrediten ser titulares de derechos o de intereses que pudieran ser afectados por el acto administrativo.

 

Artículo 56°.- Las entidades de la Administración Pública no podrán exigir a los interesados la presentación de documentos originales, copias de los mismos legalizadas notarialmente o traducciones oficiales, para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos. Para el efecto, bastará la presentación de copias o traducciones simples, sin perjuicio de las acciones de fiscalización posterior que realicen dichas entidades. Los interesados serán responsables de la autenticidad de los documentos, a que se refiere el párrafo anterior, que presenten a las entidades de la Administración Pública. En el caso de las traducciones, dicha responsabilidad alcanza solidariamente al traductor.

 

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CAPITULO V

 

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS

 

 

Artículo 57°.- En cada dependencia administrativa se llevará un registro de recepción y control de documentos, en el que se anotará el número que corresponde al expediente que se inicia, con expresión de la naturaleza del pedido, fecha de presentación, nombre de los interesados y oficina remitente, en su caso, o dependencia a la que se envía para su trámite. En el mismo día en que se practique el asiento, se remitirá el documento a la sección o servicio que corresponde.

 

Artículo 58°.- El expediente administrativo empezará con el primer escrito del interesado o con la orden del funcionario competente, cuando se inicia de oficio; y se seguirán agregando al expediente, por estricto orden cronológico, los documentos, escritos y demás actuados, debidamente foliados, cuidando de formar con todos ellos un solo cuerpo. La foliación deberá hacerse con números y letras. Cada expediente llevará una carátula con los datos inherentes al procedimiento.

 

Artículo 59°.- Las peticiones deberán ser presentadas ante la autoridad administrativa competente. Los interesados que residan fuera de la capital de la República podrán presentar sus peticiones por intermedio de las autoridades políticas o de los órganos delegados de los distintos ministerios, las que serán remitidas a la autoridad administrativa correspondiente, dentro de las veinticuatro horas.

 

Artículo 60°.- Los interesados podrán remitir sus escritos y peticiones por medio de correo certificado a la autoridad administrativa competente, la que consignará en su registro el número del certificado y la fecha de recepción.

 

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TITULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO

 

 

CAPITULO I

INICIACIÓN

 

 

Artículo 61°.- El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior o a petición del interesado.

 

Artículo 62°.- Todo escrito que presente el interesado debe contener los siguientes datos y requisitos:

 

a)       Nombre, apellido, domicilio y número de libreta electoral o carné de extranjería del interesado; y en su caso, los de la persona que lo represente.

 

b)       La petición concretamente expresada y los fundamentos de hecho y derecho en que se apoya.

 

c)       Lugar, fecha y firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. Dependencia o autoridad a la que se dirige.

 

Artículo 63°.- Todo escrito se presentará en papel simple acompañado de una copia que le será devuelta al interesado con el correspondiente sello de recepción, salvo en los casos en que la ley o el respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) exija un mayor número de copias.

 

Artículo 64°.- Las Oficinas de Trámite Documentario de las entidades de la Administración Pública están obligadas a recibir las solicitudes o formularios para la realización de los procedimientos administrativos que se presenten sin cumplir con los correspondientes requisitos, bajo condición de ser subsanado el defecto u omisión en el plazo de cuarentiocho (48) horas, anotándose en el escrito y en la copia dicha circunstancia. Transcurrido el plazo antes indicado sin que el defecto u omisión fuera subsanado, el documento se tendrá por no presentado y será devuelto al interesado.

 

Artículo 65°.- Ninguna oficina pública podrá exigir como condición para admitir la presentación de un escrito que se acompañe al mismo, recibos, constancias o certificaciones de pagos que no tengan relación directa e inmediata con el objeto de la solicitud.

 

Artículo 66°.- Iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales o precautorias que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que se expida, pero sólo si cuenta con elementos de juicio suficientes para ello. No se podrán dictar medidas provisionales o precautorias que puedan causar perjuicios a los interesados.

 

Artículo 67°.- El Jefe de Sección o dependencia donde se inicie o se tramite cualquier expediente, bien por propia iniciativa o a instancia de los interesados, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde conexión. Contra la resolución de acumulación no procede recurso alguno.

 

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CAPITULO II

 

TRAMITACIÓN

 

 

Artículo 68°.- El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites. Cualquier obstáculo que se oponga a la regular tramitación del proceso deberá ser superado por el funcionario competente, sin necesidad de petición de parte, quien además, determinará la norma aplicable al reclamo, aún cuando no haya sido invocada o la cita legal fuese errónea.

 

Artículo 69°.- Para dar al procedimiento la mayor rapidez se observarán las siguientes reglas:

 

a)      En la tramitación de los asuntos se guardará el orden de ingreso, en cuanto sea posible, dándose cuenta de los motivos de demora en la oportunidad que señala la ley.

 

b)      Podrá disponerse en una sola providencia el cumplimiento de todos los trámites que por su naturaleza corresponda.

 

c)      Se observarán puntualmente los términos establecidos, evitándose entorpecimientos o demoras originadas por diligencias innecesarias.

 

d)      Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otras entidades y organismos de la propia administración, deberá consignarse en la comunicación cursada, el plazo legal establecido.

 

e)      Los trámites a cargo de los interesados deberán realizarse por éstos en el plazo de sesenta (60) días calendario, a partir de la notificación, salvo el caso de que por ley especial se fije plazo distinto. La autoridad competente podrá conceder un plazo extraordinario, que no exceda de seis (6) meses.

 

Artículo 70°.- Cuando los interesados no cumplan con realizar los trámites a los que se refiere el inciso e) del artículo anterior en el plazo máximo de tres meses, incurrirán en abandono del procedimiento administrativo.

 

Artículo 71°.- Los empleados y funcionarios que por razón de licencia, vacaciones u otros motivos se alejen de su centro de trabajo, deberán entregar obligatoriamente a su reemplazante, los documentos y expedientes que corran a su cargo. En ningún caso podrá interrumpirse la tramitación de los expedientes por las razones anteriormente expuestas.

 

Artículo 72°.- Los jefes o funcionarios que tuvieren a su cargo del despacho de los asuntos serán responsables de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para que no sufran retraso, disponiendo lo conveniente para eliminar toda anormalidad en la tramitación de expedientes y en el despacho con el público.

 

Artículo 73°.- A efecto de la Resolución del Expediente se solicitarán los dictámenes y/o informes que se juzguen absolutamente necesarios para el mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver. Al ordenarse la expedición de un dictamen y/o informe se expresará la materia sobre la que se solicita opinión o investigación.

 

Artículo 74°.- Los informes y/o dictámenes serán sucintos y deberán contener necesaria y exclusivamente los datos y opiniones que se hayan requerido al informante. Los informes y dictámenes serán evacuados en el plazo de ocho días, salvo disposición legal, o de la autoridad superior, que permita otro mayor.

 

Artículo 75°.- El órgano encargado de resolver el proceso podrá notificar a las entidades a que se refiere el Artículo 7° de la presente Ley, para que informen si lo tienen por conveniente, sobre las cuestiones que afecten al interés que representan.

 

Artículo 76°.- Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del expediente acordará la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta (30) días, ni inferior a diez (10), a fin de que puedan practicarse las que juzguen pertinentes. Se actuarán solamente las pruebas instrumentales, periciales y de inspección que tengan pertinencia con la cuestión que se discute, y su actuación se sujetará a los reglamentos y principios del procedimiento administrativo.

 

Artículo 77°.- Los gastos  que ocasione la actuación de la prueba serán de cargo de los interesados en el proceso. Las excepciones a esta regla serán las que se señalen, en cada caso, dentro de un régimen especial.

 

Artículo 78°.- Concluida la etapa de la prueba los interesados podrán presentar por escrito un informe haciendo un resumen de las actuaciones realizadas y proponiendo conclusiones.

 

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CAPITULO III

 

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

 

 

Artículo 79°.- Las comunicaciones entre los órganos administrativos se efectuarán en lo posible directamente, evitándose la intervención de órganos que no fueran necesarios. Cuando alguna autoridad u órgano deba tener conocimiento de la comunicación se le enviará copia de la misma.

 

Artículo 80°.- Las notificaciones serán cursadas por el órgano que dictó el acto o acuerdo empleándose cualquier medio como oficio, carta o telegrama, siempre que permita tener constancia de su recepción.

 

Artículo 81°.- La notificación de resoluciones se practicará a más tardar dentro del plazo de diez (10) días, a partir de su expedición y la cédula deberá contener su texto íntegro.

 

Artículo 82°.- La notificación defectuosa surtirá efectos legales desde la fecha en que el interesado manifiesta haberla recibido, si no hay prueba en contrario. Asimismo se le tendrá por bien notificado si se presume que el interesado tuvo conocimiento de su contenido. En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, se ordenará se rehaga subsanando las omisiones en que se hubiese incurrido.

 

Artículo 83°.- De no hallarse presente el interesado en el momento de entregarse la notificación en el domicilio señalado, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre y de su relación con el notificado.

 

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CAPITULO IV

 

FIN DEL PROCESO

 

 

Artículo 84°.- Pondrán fin al proceso, la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la instancia, y la declaración de caducidad.

 

Artículo 85°.- La resolución decidirá sobre todas las cuestiones planteadas en el proceso y deberá ser obligatoriamente motivada, salvo que se incorpore a ella el texto de los informes o dictámenes que la sustente.

 

Artículo 86°.- Cuando las resoluciones se expidan por delegación se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán como dictadas por la autoridad que la haya conferido.

 

Artículo 87°.- Transcurridos los treinta (30) días a que se refiere el Artículo 51° de la presente Ley sin que se hubiera expedido resolución, el interesado podrá considerar denegada su petición o reclamo o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública. En ambos casos el interesado podrá reclamar en queja para denunciar dicha demora, la cual se tramitará conforme a lo dispuesto en los Artículos 105° al 108° de esta Ley.(*)

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(*) Ver Tercera Disposición Complementaria.

 

Artículo 88°.- Si en el proceso hubiera dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a quien lo hubiere formulado.

 

Artículo 89°.- Tanto el desistimiento como la renuncia se harán por escrito con firma legalizada por el funcionario superior de la dependencia administrativa que conoce del proceso.

 

Artículo 90°.- La administración aceptará el desistimiento o la renuncia, salvo que sea de interés público la continuación del proceso.

 

Artículo 91°.- Cuando no exista disposición específica sobre la caducidad o sobre el abandono en leyes especiales o reglamentos dentro de cuyo régimen se esté tramitando un proceso, el órgano administrativo competente declarará el abandono si el interesado incumple algún trámite y pasan además treinta (30) días, más el término de la distancia, desde que fuera requerido para hacerlo, salvo que sea de interés público la continuación del proceso.

 

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CAPITULO V

 

EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES

 

 

Artículo 92°.- Las resoluciones que ponen fin al proceso serán ejecutadas teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 104°.

 

Artículo 93°.- Para el cumplimiento de sus resoluciones la Administración Pública dictará las medidas del caso, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública.

 

Artículo 94°.- Cuando así lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que éstas determinen, la Administración Pública podrá, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos que sean suficientes para cumplir lo ordenado. Asimismo podrá ejecutar en forma subsidiaria los actos que no sean esencialmente  personales del obligado. Para este efecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 70°.

 

Artículo 95°.- Si los actos fueran de cumplimiento personal y no fueren ejecutados, darán lugar al pago de los daños y perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular judicialmente.

 

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TITULO CUARTO

 

RECURSOS Y NULIDAD DE RESOLUCIONES

 

 

CAPITULO I

 

RECURSOS IMPUGNATIVOS

 

 

Artículo 96°.- El error material de una Resolución podrá ser rectificado de oficio en cualquier momento cuando perjudique los intereses del Estado y a pedido de parte sólo cuando sea formulado dentro del plazo de impugnación de una Resolución.

 

Artículo 97°.- Los Recursos Impugnativos contra las resoluciones que se expidan son:

a) Reconsideración.

b) Apelación.

c) Revisión.

 

Artículo 98°.- El Recurso de Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó la primera resolución impugnada, debiendo necesariamente sustentarse con nueva prueba instrumental. Este Recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del Recurso de Apelación. El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Apelación correspondiente, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.)

 

Artículo 99°.- El Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió la resolución para que eleve lo actuado al superior jerárquico. El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y deberá resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Revisión o la demanda judicial, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.

 

Artículo 100°.- Excepcionalmente hay lugar a la interposición de un recurso de revisión ante una tercera instancia si las dos anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional. El recurso de revisión se interpondrá dentro del término de quince (15) días y será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado su recurso a efectos de interponer la demanda judicial correspondiente, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.

 

Articulo modificado por Ley 26810 del 18 de Junio de 1997 quedando vigente el siguiente texto:

 

Artículo 100°.- La vía administrativa queda agotada con la resolución expedida en segunda instancia. Sin embargo, hay lugar a Recurso de Revisión ante una tercera instancia si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional.

El Recurso de Revisión se interpondrá dentro del término de quince (15) días y será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado su recurso a efectos de interponer la demanda judicial correspondiente, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.)

 

Artículo 101°.- El escrito de interposición del recurso deberá expresar:

 

a)      Funcionario o dependencia a quien se dirige;

b)      Nombre y domicilio del recurrente para el efecto de las notificaciones;

c)      El acto del que se recurre y la razón de su impugnación;

d)      Lugar, fecha y firma;

e)      Firma del letrado en los lugares en que la defensa sea  cautiva;

f)        Las demás particularidades exigidas en su caso por disposiciones especiales.

 

Artículo 102°.- Los recursos impugnativos se ejercitarán por una sola vez en cada proceso, y nunca simultáneamente.

 

Artículo 103°.- El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

 

Artículo 104°.- La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad a quien compete resolverlo podrá suspender de oficio o a instancia de parte, la ejecución de la resolución recurrida, si existen razones atendibles para ello.

 

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CAPITULO II

 

QUEJA

 

 

Artículo 105°.- En cualquier estado del proceso, el interesado podrá reclamar en queja contra los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización o infracción de los plazos respectivamente señalados.

 

Artículo 106°.- La queja se presentará al superior jerárquico de la autoridad o funcionario que tenga a su cargo la tramitación del asunto, citándose el precepto infringido.

 

Artículo 107°.- La queja será resuelta en el término de tres días previo informe escrito del funcionario a que se refiere la queja pero sin suspender la tramitación del expediente principal. El informe será emitido dentro de las 48 horas.

 

Artículo 108°.- Si el superior jerárquico advierte que el funcionario quejado carece de imparcialidad para resolver el proceso, al declarar fundada la queja podrá disponer que otro funcionario de igual jerarquía asuma el conocimiento del asunto.

 

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CAPITULO III

 

NULIDAD DE RESOLUCIONES

 

 

Artículo 109°.- En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 43°, podrá declararse de oficio la nulidad de resoluciones administrativas, aún cuando hayan quedado consentidas, siempre que agravien el interés público.

 

Artículo modificado por Ley 26960 del 30 de mayo de 1998, quedando vigente el siguiente texto:

 

Articulo 109.- En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 43, podrá declararse de oficio la nulidad de las resoluciones administrativas, aún cuando hayan quedado consentidas, siempre que agravien el interés público.

 

En caso haya caducado el plazo correspondiente, el Estado deberá interponer la acción de nulidad antes el Poder Judicial. Dicha acción imprescriptible, salvo ley expresa en contrario.

 

Artículo 110°.- La nulidad a que se refiere el artículo anterior deberá ser declarada por el funcionario jerárquicamente superior al que expidió la resolución que se anula. Si se tratara de resolución suprema, la nulidad se declarará también por Resolución Suprema. La facultad de la Administración Pública para declarar la nulidad de las resoluciones administrativas prescribe a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que hayan quedado consentidas.

 

Artículo modificado por Ley 26960 del 30 de mayo de 1998, quedando  vigente el siguiente texto:

 

Artículo 110.- La nulidad a que se refiere el artículo anterior deberá ser declarada por el funcionario jerárquicamente superior al que expidió la resolución que se anula. Si se tratara de resolución suprema, la nulidad se declarará también por resolución suprema. La facultad de la Administración Pública para declarar la nulidad de las resoluciones administrativas prescribe a los tres (3) años, contados a partir de la fecha en que hayan quedado consentidas".

 

Artículo 111°.- No es aplicable lo dispuesto en el Artículo 109°, cuando se trata de resoluciones expedidas por tribunales o consejos regidos por leyes especiales, casos en los que se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente.

 

Artículo 112°.- Si las resoluciones que expidan los órganos a que se refiere el artículo anterior, hubieran infringido manifiestamente la ley en agravio del interés público, podrán ser impugnadas por el propio Estado en la vía judicial, previa resolución suprema autoritativa.

 

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DISPOSICIONES FINALES

 

 

Artículo 113°.- La presente Ley atañe a los actos administrativos o sea a las decisiones de las autoridades u órganos de la Administración Pública que, en ejercicio de sus propias funciones, resuelven sobre intereses, obligaciones o derechos de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas.

 

Artículo 114°.- La presente Ley debe aplicarse y cumplirse teniendo en cuenta que sus reglas tienen por objeto crear las garantías, trámites y recursos destinados a asegurar el procedimiento anterior a la acción que los interesados pueden hacer valer ante el Poder Judicial, siempre y cuando agoten, previamente, la vía administrativa; y por tanto cautela igualmente el Derecho de la Administración Pública, dándole oportunidad de encausar el trámite y su resolución conforme a derecho. Por consiguiente, ningún asunto de carácter administrativo podrá ser llevado a la vía judicial sin el cumplimiento previo de este procedimiento, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 

 

Primera Disposición Complementaria.- El derecho de petición, en lo que atañe a las entidades a que se refiere el último párrafo del Artículo 1° de la presente Ley, es el derecho que tiene toda persona a solicitar un pronunciamiento de la Administración Pública sobre asuntos cuya tramitación no está específicamente regulada en la presente Ley ni en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos –TUPA. Para el efecto, se entiende por autoridad competente al titular de la entidad correspondiente al asunto materia de la solicitud. Las solicitudes estarán sujetas a lo prescrito en los Artículos 51° y 87° de la presente Ley. Este derecho se agota en la vía administrativa.

 

Segunda Disposición Complementaria.- Los principios de simplificación administrativa contenidos en los Artículos 28°, 29°, 31°, 32° y 33° del Decreto Legislativo N° 757, alcanzan a los organismos constitucionalmente autónomos y las universidades públicas y privadas, de tal modo que deberán ser aplicados por dichas entidades para la determinación de sus trámites y requisitos.

 

Tercera Disposición Complementaria.- Sin perjuicio de la establecido en el Artículo 87 de la presente Ley, las entidades que forman parte de la administración pública, conforme al último párrafo del artículo 1o. de esta Ley, aplicarán el silencio administrativo positivo en aquellos supuestos contemplados en el Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo No.70 89 PCM y normas modificatorias.(*)

 

(*) Disposición complementaria adicionada mediante Ley No.26594, publicada el 20 de abril de 1996 en el Diario Oficial "El Peruano".

 

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Comentarios y sugerencias:

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