Rector de la UNMSM, Dr. Pedro Cotillo Zegarra, junto a rectores de universidades públicas y privadas.

La comunidad universitaria del país salió a las calles para expresar su rechazo al proyecto de nueva ley universitaria que pretende aprobar el Congreso de la República, y demanda el archivamiento del documento por considerar que generará una situación caótica en la universidad peruana.

El proyecto aprobado por la Comisión de Educación,  viola la Constitución del Estado, la autonomía universitaria y subordina la educación superior universitaria al poder político, al crearse una superintendencia adscrita al Ministerio de Educación.

En la marcha convocada hoy, 14 de mayo, por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el Rector sanmarquino, Dr. Pedro Cotillo Zegarra, encabezó el desplazamiento de rectores de universidades públicas y privadas desde la Plaza Dos de Mayo, para dirigirse al Parque Universitario y llegar hasta el Congreso de la República.

Reunión entre autoridades universitarias y miembros de la Comisión de Educación del Congreso. 

En el Parlamento, las autoridades universitarias fueron recibidas por el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Iberico Núñez y los miembros de la Comisión de Educación, los congresistas Luisa María Cuculiza Torre, Jorge Rimarachín Cabrera y Virgilio Acuña Peralta, a quienes les solicitaron que el proyecto de nueva ley universitaria sea sometido a un análisis constitucional antes de su aprobación, además de promover un debate amplio, que involucre a toda la comunidad universitaria a nivel nacional. 

En pronunciamiento público, las autoridades sanmarquinas manifestaron que se debe generar las  condiciones de diálogo para la elaboración de una nueva ley universitaria, la cual debe ser consensuada entre el Estado, la comunidad universitaria y la sociedad civil, que respete la Constitución Política que consagra las libertades de pensamiento y de cátedra, que esté acorde a los avances en ciencia y tecnología, y sea garantía del desarrollo sostenido que requiere nuestra patria.

Docentes, estudiantes y administrativos recorren las calles del centro de Lima.

“La educación es un derecho fundamental y  un bien público indispensable.  La educación superior universitaria, en particular, es creadora del conocimiento  que permite pasar del crecimiento económico al desarrollo integral de la población. Es necesario que ambas sean  promovidas y defendidas por el Estado”, se indica en el documento.

En ese sentido, se afirma que la educación superior universitaria requiere ser dotada de un marco legal que posibilite el pleno cumplimiento de su misión institucional, la cual debe basarse en el respeto irrestricto de la  autonomía académica y en el autogobierno democrático.