En nuestro país, el tema de la universidad nacional ocupa la atención de los medios de comunicación esporádica e intermitentemente. Son motivos sensacionalistas los que constituyen noticia, por ejemplo: el rechazo de los estudiantes sanmarquinos a la construcción de una intersección vial técnica, jurídica y políticamente inconsistente; la huelga de los docentes por incumplimiento durante 23 años de la ley de homologación de sus remuneraciones con el poder judicial; o, más recientemente, la iniciativa individual presentada por una congresista del Grupo Parlamentario Fujimorista para modificar las leyes en lo que respecta a la gratuidad de la enseñanza.

La verdadera preocupación e interés de los gobernantes, la clase política, el Estado, los empresarios y la sociedad civil por la universidad en el Perú se pone en evidencia en los siguientes datos:

a) tenemos en materia de educación superior la normatividad jurídica más obsoleta del continente (la Ley Universitaria vigente es de 1983);

b) somos el único país de la región que carece de una instancia académica de supervisión y control de la educación universitaria;

c) el presupuesto del tesoro público destinado a la universidad pública es de los más bajos del mundo;

d) somos un país donde se paga impuestos por generar conocimientos o hacer investigación científica y tecnológica;

e) tenemos una de las tasas de crecimiento de la oferta universitaria más altas de Latinoamérica (pasamos de 32 universidades en 1983 a 83 en el 2005); y

f) tenemos treinta y cinco (35) universidades públicas y cuarenta y ocho (48) privadas, pero en el ranking de la Universidad de Shanghai donde figuran las quinientas mejores no aparece ninguna.

Por su promedio de edad (aproximadamente 20 años), la población estudiantil de la universidad nacional está conformada por jóvenes ciudadanos, cuya característica socio-económica más relevante es la desocupación. La mayoría puede acreditar que no tiene trabajo para obtener una constancia de insolvencia económica. Confundir la situación de dos etapas marcadamente diferentes de la vida: una la escolar, en la que existe una responsabilidad legal y económica de los padres por atender y mantener a sus hijos; y otra, la etapa universitaria, en la que no existe la obligación legal, ni mucho menos reconocida, de apoyo económico de los padres a hijos mayores de edad para pretender con ello dar argumento a un proyecto de ley demagógico a favor de la universidad pública constituye un ejemplo de manejo irresponsable del tema. Propiciar el pago de matrícula del sector estudiantil proveniente de colegios privados evade la responsabilidad del Estado peruano de garantizar la formación académica impartida en las universidades públicas y, por el contrario, promueve la discriminación hacia los hijos de un sector de padres de familia que apostó e invirtió en la educación escolar que el Estado no atendió. En el inicio de la adultez todos los peruanos merecen una oportunidad y no ser marcados, ni estigmatizados por su empeño y voluntad por educarse, ni discriminados por ningún motivo.

La crisis de la educación superior en el país no se restringe a cuestiones económicas. El país carece de una clara conciencia de la necesidad de la educación para el desarrollo nacional y de la importancia estratégica de la universidad pública para estructurar un sistema de enseñanza superior, que permita incentivar la investigación científica, indispensable para dar el salto tecnológico y la defensa nacional. Las experiencias de China, India e Irlanda nos muestran la prioridad de un acuerdo nacional amplio, multipartidario y de largo plazo para encaminar a una nación hacia el desarrollo sostenible. Exhortamos a los peruanos con vocación de diálogo y voluntad democrática para aunar esfuerzo para defender la universidad pública. Solicitamos a los congresistas la presentación de un proyecto de ley multipartidario que cree un Fondo Solidario del Graduado de la Universidad Pública, para que los egresados que hoy disfrutan de una posición profesional y económica favorable, cedan solidariamente el 0.1% de sus ingresos anuales a la universidad pública que los formó.

Busquemos una propuesta consensual de Ley de Educación Superior, que forme parte de un Plan de Desarrollo Nacional, con el compromiso de todas las fuerzas vivas del país de otorgar los recursos necesarios para lograr en el corto plazo orientar a la población a mejores niveles de vida y, de esta forma, hacer frente a la demagogia, el autoritarismo y el caudillismo que tanto daño ha causado al país.

Dr. Víctor Peña Rodríguez
Vicerrector Académico